VENDEDORES AMBULANTES
“MANDAN” EN SAN JOSÉ
paul.orozco@ulatina.cr
Por mas
soluciones que la municipalidad propones los vendedores ambulantes hacen caso
omiso a las autoridades.
Por cada
vendedor que se quita de San José para reubicarlo en otro lugar como por
ejemplo el mercado, Paso de la Vaca o la Coca-Cola, cuatro mas aparecen en la
capital. Algunos dueños de las tiendas
se quejan y aseguran que hasta los mismos policías se prestan para comprarles productos a estos vendedores.
Según el
Ministerio de Seguridad hay policías cada dos cuadras.
“A veces paso y miro a los vendedores
ofreciéndoles cosas a los policías y estos mirando, escuchando como si no
pasara nada, me parece que deberían hacer su trabajo y hacer cumplir la ley“ mencionó José Rodríguez
dueño de pequeña tienda.
Actualmente
más de 2000 mil vendedores toman las calles de San José, entre ellos
costarricenses, nicaragüenses y hasta dominicanos esto haciendo muy difícil
poder movilizarse por esta zona.
En mayo
del año pasado el Ministro de Trabajo Olman Segura indico que iban a buscar la
manera de atender el problema , también dijo que esto es un trabajo en conjunto con la
Municipalidad de San José, Dirección General de Migración y Extranjería, y el Ministerio
de Seguridad Pública. Hasta el momento la situación no ha tenido ninguna
solución.
Algunos
vendedores alegan que es la única manera de llevar el sustento a sus familias,
mientras que otros explican que tienen mucho tiempo de estar en el país pero
que no tienen cédula de identidad y que por esa razón no pueden trabajar de
manera formal.
Aunque
parece ser que el problema va más allá de perjudicar los derechos de propiedad
intelectual de personas y empresas ,los costarricenses que transitan todos los
días por el centro del país, le hacen un
llamado a las autoridades respectivas para poner orden y que sea un lugar donde
la gente pueda caminar libremente y de manera mas segura.
La Sala
Constitucional considera que los problemas obedecen a la falta de educación,
dificultad para obtener un empleo formal, inequidades en la distribución de la
riqueza y debilitamiento del Estado Social de Derecho. Una medida represiva no
va a solucionar el problema de manera permanente dijo Paul Rueda magistrado de
la Sala.
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